El Ayuntamiento solicitará la anulabilidad del acta de recepción de Parque Victoria
El Pleno que se celebra hoy en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria dará luz verde al proyecto de viabilidad de la piscina cubierta que se ubicará en Huerta Julián, según ha informado el alcalde, Francisco Salado. El Consistorio replanteó el proyecto el pasado mes de marzo después de que el concurso para construir la piscina cubierta de Torre de Benagalbón quedara desierto en dos ocasiones. “Hemos adaptado el proyecto a las circunstancias actuales haciendo un ejercicio de responsabilidad y con la intención de que este proyecto sea una realidad lo antes posible”, ha señalado.
Este nuevo proyecto contempla un centro deportivo compuesto por piscina cubierta polivalente de seis calles y 25 metros de longitud, piscina de enseñanza, gimnasio, spa, tres salas de deporte de interior, campo de fútbol 7 de césped artificial, pista polivalente de futbito, cuatro pistas de padel de césped artificial y servicio de cafetería.
La parcela en la que se construirá el edificio tiene una extensión de 18.350 metros cuadrados, de los que 4.895 están reservados para la construcción de equipamiento cultural y otros 2.117 para bolsa de aparcamientos.
Según ha explicado Salado, “tendremos un equipamiento de tres millones de euros de inversión en lugar de cinco y acercamos las instalaciones a la zona centro, de mayor afluencia y densidad de población. Se trata de un proyecto que dotará a nuestra localidad de unas instalaciones de calidad y que puede resultar atractivo para las empresas que quieran abanderar este tipo de equipamientos”.
Parque Victoria
El Pleno también debatirá la revisión de oficio de la recepción urbanística de Parque Victoria. Salado ha informado de que el Consejo Consultivo de Andalucía ha dictaminado de forma desfavorable la declaración de nulidad del acta definitiva de la recepción de las obras fechada el 29 de julio de 2010, tal y como había solicitado el Ayuntamiento.
Según establece el expediente, la recepción de las obras de urbanización se llevó a cabo indebidamente en la anterior legislatura. El propio Ayuntamiento había emitido un informe describiendo las deficiencias que presentaba la urbanización antes de su recepción: viales sin realizar o sin terminar, deficiencias en la red de telefonía y de electricidad y en el saneamiento y zonas verdes deterioradas, entre otras. Así, el Consejo Consultivo considera que ha habido una negligencia en la actuación municipal, apreciando que esos defectos en la ejecución de la urbanización debieron motivar que se denegase la recepción de esas obras.
Salado ha explicado que el Ayuntamiento solicitará la anulabilidad del acta de recepción e instará un procedimiento para adoptar declaración de lesividad, ya que “se trata de una situación que perjudica a un gran número de vecinos que viven en la urbanización y que deriva de una gestión incompetente y negligente del anterior equipo de gobierno, liderado por Encarnación Anaya. No es de recibo recepcionar una urbanización que está sin terminar y pretender que el Ayuntamiento sea el que asuma los gastos de mantenimiento. Es un hecho que denota falta de responsabilidad con los ciudadanos y con las arcas municipales. La señora Anaya dio una patada hacia delante a esta situación y ahora nos vemos inmersos en un procedimiento lento y complejo que no soluciona las deficiencias de la urbanización”.
Plan de Pago a Proveedores
Asimismo, el alcalde ha explicado que el Ayuntamiento se va a acoger a las Medidas Urgentes contra la Morosidad de las Administraciones Públicas por un importe de 12 millones de euros. “De esta forma pagaremos deudas que no fueron contempladas en el anterior Plan de Pago a Proveedores”. De esta medida se beneficiarán 200 empresas, a las que se les pagará más de 2.000 facturas, de las que el 76 por ciento son inferiores a 1.000 euros.
Según ha señalado Salado, “acogernos a estas medidas no supone, en ningún caso, un aumento de la deuda del Ayuntamiento. Al contrario, la deuda ha disminuido en seis millones de euros desde el principio de la legislatura. Con esta medida pretendemos cumplir definitivamente con la Ley de Morosidad y poner a cero el contador de la deuda comercial”.